El Gobierno presentó un nuevo proyecto de sanciones por actividades no autorizadas en Malvinas
El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto destinado a endurecer las sanciones contra actividades económicas realizadas sin autorización argentina alrededor de las islas Malvinas.
La iniciativa actualiza el régimen aprobado en 2011 y amplía el universo de posibles responsables. Además de las empresas operadoras, podrían alcanzar sus disposiciones a accionistas, proveedores y otras personas o compañías que participen en la cadena de explotación.
El texto aparece después de que el Estado argentino aplicara sanciones administrativas contra por lo menos 60 entidades vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion.
Las empresas que operan en la zona sostienen que cuentan con licencias otorgadas por las autoridades isleñas. Argentina no reconoce legitimidad a esas autorizaciones, debido a que considera a las islas parte de su territorio bajo ocupación británica.
El proyecto incluye también la creación de un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el mandatario. Este punto puede generar un debate diferenciado del reclamo de soberanía, debido al alcance institucional y a las facultades de coordinación que tendría el organismo.
Sectores críticos advirtieron sobre la amplitud de algunas penalidades y sobre la concentración de atribuciones. La posición oficial sostiene que el objetivo es proteger los recursos naturales y reforzar el reclamo argentino.Confirmado / en desarrollo: El proyecto fue presentado, pero todavía no fue aprobado. Su contenido puede ser modificado durante el tratamiento parlamentario.
Lugar y fecha: Buenos Aires, 17 de septiembre; efectos parlamentarios vigentes el 18 de septiembre de 2026.
Fuente primaria: Proyecto remitido al Congreso.
Fuentes secundarias: Reuters y La Política Online.